El quinto mes del año trae consigo aumentos significativos en los alquileres para miles de familias argentinas, en un contexto económico donde muchos hogares aún no logran equilibrar sus finanzas tras los ajustes acumulados desde enero. Los incrementos afectan a contratos con cláusulas de actualización previstas para mayo, con variaciones según el tipo de contrato vigente.
En el mercado conviven tres modalidades diferentes: contratos bajo la derogada Ley de Alquileres, aquellos firmados tras su modificación en octubre 2023, y los acordados después de la derogación total en diciembre. Cada uno aplica mecanismos distintos para los reajustes, generando confusión e incertidumbre entre los inquilinos.
Último ajuste bajo el ICL: suba del 95,24%
Los contratos firmados en mayo 2023 bajo la antigua ley enfrentan su último reajuste anual con el Índice de Contrato de Locación (ICL), marcando un 95,24% de aumento. Aunque es la primera vez en tres años que no supera el 100%, el impacto sigue siendo devastador: un alquiler de $400.000 saltará a $780.952, mientras que uno de $600.000 llegará a $1.171.440. Estos contratos vencerán en 2026, obligando a futuras renegociaciones.
Ajustes por IPC: subas trimestrales del 11,51%
Con la flexibilización contractual, muchos acuerdos adoptaron actualizaciones trimestrales basadas en el Índice de Precios al Consumidor. En mayo, estos contratos sufrirán un 11,51% de incremento: un departamento de $500.000 pasará a $557.525, y uno de $800.000 costará $892.040.
La nueva ola de aumentos encuentra a muchas familias en situación crítica, tras meses de alzas en servicios, transporte y alimentos. Aunque el porcentaje es menor que en periodos anteriores, el golpe es particularmente fuerte en ciudades intermedias y barrios populares, donde los salarios no acompañan estas subas. Inquilinos exigen mecanismos regulatorios más justos que protejan el acceso a la vivienda, señalando que la situación se vuelve insostenible para amplios sectores.
