Más de 7.500 ciudadanos bolivianos residentes en Jujuy están en condiciones de participar en las elecciones presidenciales y vicepresidenciales de Bolivia, previstas para el mes de agosto. La información fue confirmada por Yuri Yandira Serrudo, representante del Tribunal Supremo Electoral (TSE) del Estado Plurinacional de Bolivia.
Uno de los anuncios clave fue el cambio de lugar de votación en San Salvador de Jujuy. “Inicialmente se había planificado usar la Escuela Normal, pero por razones relacionadas con su infraestructura y por tratarse de un edificio histórico, se decidió modificar el lugar”, explicó. Desde ahora, el nuevo punto de votación será el Colegio Secundario Olga Márquez de Aredez, ubicado frente a la plaza España.
Serrudo detalló que la organización del proceso electoral avanza positivamente. Además, señaló que ya se notificó al 90% de las personas seleccionadas como jurados electorales, lo que refleja un alto nivel de compromiso entre los votantes. En total, se designaron 150 jurados, y las capacitaciones comenzarán próximamente.
Las jornadas de formación se desarrollarán en San Salvador, Perico y San Pedro, las tres localidades donde el TSE dispondrá de mesas para votar. “Estaremos comunicando con antelación los lugares y horarios de las capacitaciones presenciales”, adelantó la funcionaria.
También explicó que ya no es posible inscribirse en el padrón electoral, ya que se cerró previamente. “Más de 7.500 bolivianos ya figuran habilitados para votar. Sin embargo, muchas personas que quisieron registrarse después del cierre no podrán participar en esta elección”, aclaró.
Desde el TSE se puso en valor el derecho al sufragio desde el extranjero, destacando que “este proyecto tiene un gran valor para los bolivianos en el exterior. Por eso, el Tribunal está trabajando para que las elecciones se realicen de manera organizada y cumpliendo con todas las normas legales”, remarcó Serrudo.
Las autoridades bolivianas en la provincia continúan desplegando tareas de información y concientización, con el objetivo de garantizar una participación ordenada e informada de la comunidad migrante, que volverá a ejercer su derecho cívico en territorio argentino.
