Un juzgado federal de San Martín emitió una resolución que bloquea temporalmente el plan gubernamental para cerrar la Dirección Nacional de Vialidad. La jueza Martina Forns suspendió por seis meses los efectos del Decreto 461/2025, que formaba parte de la reestructuración estatal.
El fallo prohíbe expresamente al Ejecutivo implementar cualquier acción derivada del decreto, como despidos, reubicaciones o cambios organizacionales en el organismo. Destaca además que Vialidad Nacional goza de autonomía y que sus empleados tienen protección legal bajo la Ley de Contrato de Trabajo y los convenios colectivos.
Origen del conflicto legal
El sindicato SEVINA impulsó la demanda, alegando que el decreto excedía las facultades presidenciales al pretender eliminar un ente autárquico y afectar derechos laborales. La magistrada coincidió, señalando que la medida violaba garantías constitucionales como la estabilidad laboral y la negociación colectiva.
En Jujuy, la resolución generó alivio entre los trabajadores, pues evitó la posible pérdida de unos 120 empleos en la delegación local. El controvertido decreto también buscaba eliminar la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito, trasladando sus funciones al Ministerio de Economía para reducir costos.
Esta medida cautelar mantiene en suspenso la aplicación del decreto, aumentando la incertidumbre sobre el futuro de las áreas técnicas y de control vial a cargo del Estado nacional.
