La medida del Gobierno Nacional de cerrar la Dirección Nacional de Vialidad desató fuertes cuestionamientos, con especial preocupación en provincias como Jujuy, donde la orografía compleja y el intenso tráfico de mercancías dependen críticamente de este organismo. Julio Aralde, líder sindical del sector, tildó la decisión de “retroceso histórico” que devuelve al país a épocas donde la red vial carecía de mantenimiento centralizado.
Desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional señalaron que el desmantelamiento no solo deja en el limbo a 3,500 trabajadores especializados, sino que compromete la seguridad de 40,000 km de rutas nacionales. Aralde rebatió los argumentos oficiales: “Alegan ineficiencia, pero en Jujuy nuestro equipo responde a 120 emergencias anuales por derrumbes y crecidas. ¿Quién hará ese trabajo ahora?”.
El dirigente desmontó las supuestas ventajas de la privatización: “En Mendoza, donde tercerizaron el mantenimiento, los costos aumentaron 40% mientras la calidad decayó. Tenemos las actas que lo prueban”. Alertó sobre el efecto dominó económico: cada 10% de deterioro vial incrementa un 7% los fletes, impacto que termina en las góndolas.
En Jujuy, donde el 60% de las rutas atraviesan zonas de quebradas, preocupa especialmente el desmantelamiento del sistema de alerta temprana ante fenómenos climáticos. “Sin nuestros equipos técnicos, el próximo alud podría encontrar comunidades desprevenidas”, advirtió Aralde, mientras la federación prepara medidas de fuerza escalonadas para agosto.
