En medio de la discusión por la Ley Ómnibus y las medidas para sostener el ajuste fiscal, surge la posibilidad de un cambio que podría impactar directamente en los bolsillos de los consumidores: la actualización del impuesto a los combustibles. Este impuesto, congelado desde 2021, podría representar un aumento del 11% en los precios en el surtidor, según estimaciones del sector.
El impuesto a los combustibles, establecido por la ley 23.966 en 1998, tiene como fin financiar fondos de viviendas e infraestructura a nivel nacional. Consta de dos tributos: el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el impuesto al dióxido de Carbono, cuyos montos se actualizan periódicamente en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor del INDEC.
El Gobierno optó por suspender la aplicación del impuesto desde el primer trimestre de 2021 para contener el alza de precios en un contexto inflacionario. Sin embargo, esta medida se extendió hasta el 1 de febrero de 2024, según la última disposición oficial publicada en noviembre de 2023. Esta decisión buscaba mejorar la competitividad de los precios y reducir el impacto en los ciudadanos.
La no renovación de este congelamiento implicaría un aumento en los precios de los combustibles, dado que el componente impositivo se traslada directamente a los valores en el surtidor. Según analistas del sector, este cambio podría significar un incremento adicional del 11% sobre los precios actuales, lo que preocupa a los consumidores ante la posibilidad de un mayor gasto en sus desplazamientos diarios.
