En Perú no cesan los ataques contra el presidente Pedro Castillo. Una y otra vez tratan de derrocarle. Los grupos de poder peruanos, la mediática y los partidos de derecha no parece que vayan a descansar hasta verlo fuera de la política.
Después de nombrar su cuarto premier en siete meses y asistir a la renuncia de decenas de ministros –removidos del cargo en la medida en que son ferozmente atacados–, todos nos preguntamos sobre las posibilidades reales de estabilizar un Gobierno que no ha tenido luna de miel y que ha sido objeto de una presión inédita, a pesar del poco tiempo que lleva ejerciendo su mandato.
Cada nueva andanada en su contra tiene un nuevo grado de complejidad. Esta semana, la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso aprobó investigar a Castillo por el presunto delito de “traición a la patria”.
Más allá de las acusaciones de corrupción o terrorismo, que aún deben ser investigadas por la Justicia, lo que está claro es que para los diputados de la derecha y los medios, constituyen en sí mismas una justificación definitiva para la remoción presidencial.
Sin embargo, esta vez los ataques no solo van dirigidos a funcionarios nombrados por Castillo, sino también contra diputados del partido de Acción Popular que no están afiliados al movimiento del presidente. Estos legisladores, con sus curules, impiden el avance de un ‘impeachment’, así que cinco de ellos han sido incluidos, en el último escándalo, en la lista de los funcionarios que se encuentran “en la mira” por presuntos hechos de corrupción.
La presión sobre los diputados de Acción Popular busca debilitar a otros sectores distintos al gobierno para que, producto del chantaje de ser acusados mediáticamente por corrupción, nieguen el voto de confianza al nuevo primer ministro.
Con ello, la oposición reconoce que sus ataques a Castillo no han servido de nada y comienza a atentar contra su soporte político, que no es otro que el de partidos socialdemócratas y moderados que no desean la vuelta del fujimorismo o la derecha radical que promueve el derrocamiento presidencial.
Desde antes de la toma de posesión, en julio de 2021, las denuncias no han parado y han desestabilizado cualquier intento de Castillo por emprender su propia agenda de Gobierno.
Se espera que el nuevo hito se produzca en torno al 8 de marzo, cuando el nuevo premier, Aníbal Torres, debe pedir el voto de confianza para su Gabinete en el Congreso. Este primer ministro, que asumió el cargo hace pocas semanas, ha sido más activo en la defensa al presidente y ha denunciado como “golpe de Estado” los intentos de la derecha para derrocarlo.
Por ello, la presión sobre los diputados de Acción Popular busca debilitar a otros sectores distintos al gobierno para que, producto del chantaje de ser acusados mediáticamente por corrupción, nieguen el voto de confianza al nuevo primer ministro y se desemboque una crisis mayor en la que no habría un Gobierno como tal conformado.
