En las próximas horas, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el jefe de asesores, Leonardo Madcur, se reunirán con los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para las últimas etapas de las negociaciones que se han llevado a cabo durante los últimos tres meses. Uno de los temas cruciales a discutir será el costo de la sequía y su impacto en la recaudación fiscal, con el objetivo de establecer una nueva meta de déficit primario para 2023.
Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en los primeros seis meses del año, los ingresos de la AFIP representaron el 9,2% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que indica una disminución de 0,6 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior. Durante enero y junio, se recaudaron $15,97 billones.
Si se excluyen los impuestos al comercio exterior, como las retenciones a las exportaciones, los aranceles de importación y la tasa de estadística, los ingresos fiscales equivalen al 8,6% del PBI, lo que implica una caída de un punto porcentual respecto al mismo período de 2022.
De acuerdo con el análisis del IARAF, el costo fiscal de la sequía en las retenciones habría sido de 0,5 puntos del PBI hasta el momento. En el año pasado, estas retenciones representaban el 0,8% del PBI, mientras que este año disminuyeron al 0,3% en el primer semestre. Por otro lado, los aranceles y la tasa de estadística también experimentaron una caída de un punto. Es evidente que la reducción en la recaudación de los tributos relacionados con las compras al exterior se vincula con la menor disponibilidad de divisas y la disminución de la actividad económica. Los aranceles representan este año el 0,27% del PBI, según datos privados.
El informe también señala que la recaudación fiscal ha disminuido un 6,1% en términos reales entre enero y junio. Los impuestos que experimentaron una mayor caída en el período fueron los derechos de exportación (59%), los impuestos a los combustibles (41,3%) y los derechos de importación (16,7%). Por otro lado, los impuestos que registraron un mayor aumento fueron los Bienes Personales (9,6%), el IVA (5,9%) y los impuestos internos coparticipados (5,3%).
En el marco de las negociaciones con el FMI, se espera establecer una nueva meta de déficit primario que rondaría entre el 2,4% y el 2,5% del Producto Bruto Interno, teniendo en cuenta la disminución en la recaudación de los impuestos al comercio exterior. Algunos analistas señalan que, de no haber ocurrido
la sequía, el ministro de Economía, Sergio Massa, habría logrado cumplir con las metas establecidas.
El año pasado, se pudo utilizar un 0,3% del PBI proveniente de “rentas de la propiedad”, lo que permitió al gobierno alcanzar la meta del 2,4% establecida para el primer año del acuerdo. Sin embargo, para repetir la misma meta, el equipo económico deberá hacer un ajuste de al menos 0,9 puntos porcentuales.
La consultora LCG plantea que, en lo que va del año, la recaudación ha experimentado una caída del 6,3% en términos reales, y el 29% de esa disminución se debe a la retracción de los derechos de exportación afectados por la sequía y a la reducción de los derechos de importación asociados a una menor cantidad de compras en el contexto de escasez de divisas.
La consultora advierte que, además, en junio comienza a pesar el desplome de gran parte de los impuestos vinculados a la actividad interna, superando la expansión del IVA DGI, lo cual se explica por el uso de una menor cantidad de dinero en efectivo en un contexto inflacionario.
En conclusión, las negociaciones con el FMI tendrán como objetivo establecer una nueva meta de déficit primario, considerando el impacto de la sequía en la recaudación fiscal. La disminución de los ingresos provenientes de los impuestos al comercio exterior jugará un papel fundamental en la definición de estas metas. El equipo económico buscará equilibrar la situación y cumplir con los compromisos fiscales.
