La ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia se encuentra conmocionada por un insólito episodio que tuvo lugar en una prisión provincial, en la cual una jueza está siendo investigada por el Superior Tribunal de Justicia por “conductas inadecuadas” con un preso de alta peligrosidad condenado hace poco.
Si bien el ente judicial chubutense no divulgó las identidades de los involucrados, trascendió el informe interno mediante el cual el agente de guardia reporta a su superior, el jefe de la División Seguridad Interna, todo lo sucedido dentro de un aula del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew.
Allí consta que la jueza en cuestión es Mariel Suárez, de la Circunscripción de Comodoro Rivadavia, y el detenido, Cristian Omar “Mai” Bustos, alojado en esa dependencia carcelaria y recientemente condenado a perpetua por el asesinato del policía “Tito” Roberts en Corcovado, en un hecho ocurrido en 2009, consignó el Diario Jornada.
El dato no menor es que la jueza Suárez integró el tribunal que el 22 de diciembre pasado condenó a Bustos en un juicio realizado en Esquel. No obstante, Suárez votó en disidencia la condena a perpetua, solicitando una pena menor.
Chubut: comunicado judicial
El inusual caso ocurrió el pasado 29 de diciembre dentro del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) ubicado entre Trelew y Puerto Madryn, “en horas de la tarde”, agrega el comunicado oficial del Superior Tribunal.
“A raíz de una comunicación formal dirigida a los ministros en feria, se tomó conocimiento de un encuentro requerido por una jueza penal de la circunscripción de Comodoro Rivadavia y un recluso alojado en dicho centro penitenciario, considerado de alta peligrosidad y recientemente condenado en el marco de un juicio oral y público sustanciado en la ciudad de Esquel”, detalló el parte oficial del Poder Judicial.
“De los datos comunicados desde el IPP surge que la jueza habría incurrido en conductas inadecuadas para un magistrado. Las actuaciones se dirigen a dilucidar las circunstancias de dicha reunión entre una magistrada y un condenado, el tenor del encuentro, su extensión en el tiempo y las características del mismo, que puedan implicar violaciones a la Ley de Ética Pública y/o al Reglamento Interno General del Poder Judicial”, concluyó el comunicado del Tribunal Superior.
En tanto, en su Twitter y a una semana del encuentro con el preso, la jueza -especialista en Derechos Digitales- compartió un informe de su autoría para prevenir los delitos virtuales. Dos semanas antes retwitteó la publicación de un portal que repudió la imagen de un joven que fue herido con balas de goma durante el reclamo contra la Ley de Megaminería.
Investigación en marcha
En tanto, la Opinión Austral pudo saber que se investiga el por qué se escogió ese lugar específico para el encuentro y si el interno conocía la existencia de la cámara que los grabó, además de su actitud durante la visita./Crónica
