Los usuarios de servicios públicos en Jujuy están enfrentando un panorama cada vez más complicado debido a las constantes subas en las tarifas de energía eléctrica, agua y gas. Estos incrementos, que no guardan relación con los ingresos de la población, tanto activa como pasiva, están teniendo un fuerte impacto en la economía doméstica.
Alicia Chalabe, titular de Proconsumer, ha señalado que las subas en la energía eléctrica han alcanzado un 170%. Este aumento ha sido cuestionado judicialmente, y se espera que una nueva resolución y un acta acuerdo entre el Gobierno de Jujuy y la empresa Ejesa sean revisados en una próxima audiencia. Este incremento comprende el periodo del 1 de febrero al 30 de abril, al cual se suma un ajuste basado en la inflación (IPC), que en mayo se estima en un 8,2%.
En cuanto al agua, Chalabe mencionó que el incremento ha sido del 300%, aunque existe incertidumbre sobre la cifra exacta. Proconsumer ha solicitado que se cancele este aumento y que las tarifas se retrotraigan, similar a una medida adoptada por el Gobierno Nacional, que inicialmente autorizó y luego desestimó el incremento.
El próximo incremento previsto en las tarifas del gas podría ser el más impactante, con un aumento proyectado del 400%. Chalabe indicó que, aunque el Gobierno Nacional ha sugerido la posibilidad de suspender este aumento previsto para junio, aún no hay confirmación. En las provincias del sur, donde el consumo de gas es elevado debido a las bajas temperaturas, ya están recibiendo facturas con este significativo aumento.
Chalabe expresó la preocupación de Proconsumer por el impacto de estas tarifas en los usuarios de Jujuy. La organización está atenta a las nuevas facturas y preparada para tomar acciones legales si se implementan los aumentos. En 2017, una situación similar fue judicializada, y Proconsumer está dispuesta a seguir ese camino nuevamente si es necesario.
Proconsumer sugiere a los usuarios revisar detalladamente sus boletas para identificar las subas. Chalabe destacó la importancia del artículo 42 de la Constitución Nacional, que garantiza el acceso a los servicios públicos. Con las actuales subas y la eliminación de subsidios, este derecho está siendo vulnerado, especialmente porque los aumentos salariales no acompañan estos incrementos tarifarios.
