En respuesta a las exigencias planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en relación a la actualización de las tarifas de luz y gas después de la devaluación, el Gobierno se encuentra inmerso en la planificación de un nuevo aumento y en la evaluación de cómo impactará en los diferentes niveles de la segmentación tarifaria.
El Ejecutivo trabaja en un nuevo ajuste de tarifas de servicios públicos en medio de tensiones y desafíos internos y externos. Se espera que el ministro de Economía, Sergio Massa, implemente este incremento antes de que termine el año, situación que genera un dilema en el oficialismo, ya que buscan aliviar el bolsillo de la población para recuperar los votos perdidos en las PASO.
Los responsables del área económica reconocen que la decisión está fuertemente “condicionada” por el calendario electoral en curso. A su vez, se encuentran bajo “presiones” debido a los compromisos adquiridos con el organismo multilateral de crédito. El FMI ha desembolsado u$s7.500 millones a cambio de un conjunto de nuevas medidas orientadas a fortalecer las reservas y el equilibrio fiscal del país.
Previo a tomar una decisión definitiva, los funcionarios del Gobierno están a la espera de un informe elaborado por Cammesa, la entidad administradora mayorista del sistema eléctrico. Este informe se enfoca en analizar el impacto de los cambios en los costos. Es relevante recordar que la empresa ha estado subsidiando las tarifas de electricidad, lo cual ha llevado a un aumento significativo en las boletas de luz, especialmente para los sectores de ingresos más altos, alcanzando hasta un incremento del 500% en los últimos 12 meses debido a la eliminación de subsidios.
La secretaria de Energía Flavia Royón ha indicado que se llevará a cabo un ajuste en los costos de la energía para tener en cuenta la devaluación del peso en un 20%. Sin embargo, aún no se han especificado los detalles sobre cómo se transferirá este ajuste a los consumidores.
Diferencias en la segmentación tarifaria
El equipo económico se enfrenta al desafío de determinar cuándo y en qué medida se aplicará el aumento en las facturas de servicios. Dado que el costo de la energía eléctrica está en un 80% dolarizado y el costo del gas en un 100%, la devaluación implica una disminución en los costos cubiertos por los subsidios en los diferentes segmentos. Esto plantea la necesidad de cubrir esa brecha con más subvenciones o tarifas más altas.
Si el Gobierno decidiera ajustar en un 10% el costo de la energía, esto se traduciría en un aumento de aproximadamente un 7% en promedio en las boletas, dependiendo de la categoría y el nivel de consumo. Según las fuentes de la secretaría de Energía, aún se están analizando los efectos de la devaluación en el valor de producción.
Es evidente para el Gobierno que si no proceden con un aumento en las tarifas tras la devaluación, el Estado asumirá el impacto de la misma. Esto llevaría a un menor costo para los hogares y a un aumento en los subsidios. Según estimaciones del Observatorio de Tarifas y Subsidios de AFISPOP IIEP-UBA, esto podría implicar un gasto adicional de $70.000 millones hasta fin de año, lo que equivale a US$200 millones.
Los subsidios son un aspecto delicado que el FMI monitorea de cerca. En la revisión de abril, se acordó reducir las subvenciones energéticas al 1,5% del PBI en 2023, en comparación con el 1,9% del año anterior. En julio, previo a la devaluación, el organismo advirtió la necesidad de “actualizar las tarifas de energía para reflejar mejor los costos de producción”. Esta recomendación se reiteró durante la visita de Sergio Massa a Washington esta semana.
