La Secretaría de Comercio impuso multas millonarias a empresas y supermercados debido a los incumplimientos en el programa Precios Justos, así como a las leyes de Defensa del Consumidor y de Defensa de la Competencia. Estas medidas, que forman parte de las políticas acordadas por la Secretaría de Comercio para enfrentar los ciclos inflacionarios, buscaban controlar la cadena de comercialización y los precios.

El programa Precios Justos se lanzó en noviembre de 2022 con el objetivo de establecer valores fijos en una canasta de unos 2.000 productos de primera necesidad, mediante acuerdos voluntarios con empresas. Además, se estableció que otros 30.000 productos no superen el 4% de aumento mensual. Sin embargo, los resultados iniciales mostraron un incremento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que llevó a la imposición de multas por incumplimientos a partir de la Resolución 12/2023, con montos que llegaron hasta los $71 millones.

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A pesar de estas sanciones, en febrero de 2023 se lanzó una ampliación del programa Precios Justos, que incluyó quince sectores de consumo con una pauta de incremento de precios del 3,2% mensual. Sin embargo, nuevamente se registraron incumplimientos, lo que resultó en 769 multas a empresas alimenticias y supermercados por un total de $806.450.000 en una semana. Los incumplimientos incluyeron faltantes de stock, falta de cartelería, uso indebido de carteles en góndolas y duplicidad de etiquetado.

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Las multas recayeron en reconocidas cadenas de supermercados y empresas alimenticias, y la Secretaría de Comercio realizó campañas para que los consumidores utilicen la app de Precios Justos y verifiquen los productos y sus costos contemplados en el programa.

En total, el organismo dirigido por Matías Tombolini impuso multas por un monto de $3.333 millones desde agosto del año pasado, siendo la mayoría de ellas por incumplimientos a la Ley de Defensa del Consumidor y al programa Precios Justos, seguidas de faltas a la Ley de Defensa de la Competencia.

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Estas sanciones buscan asegurar el cumplimiento de las políticas de control de precios y proteger los derechos de los consumidores, con el objetivo de evitar abusos y mantener una competencia justa en el mercado.

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