La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) emitió un comunicado recientemente, anunciando la implementación de listas de precios en el marco de un acuerdo establecido con el Gobierno. Esta medida se presenta como respuesta a los desafíos económicos que surgieron tras el aumento del 22% en el tipo de cambio oficial después de las elecciones, el cual generó volatilidad en diversos sectores. En busca de aliviar el impacto de la devaluación en los salarios, la unidad encargada de negociar los precios consensuó incrementos mensuales del 5% con las principales compañías de bienes de consumo. Además, como parte de un enfoque de incentivos, el Ministerio de Economía ha propuesto reducciones de impuestos para contrarrestar los costos.
La abrupta escalada del 22% en el tipo de cambio oficial tras las elecciones ha generado una dinámica de alta volatilidad en el panorama económico. Este fenómeno resultó en la suspensión de ventas en algunos sectores, mientras que otros enfrentaron aumentos de dos dígitos en sus costos. Además, una serie de proveedores de la industria optaron por dolarizar sus listas de precios como medida de precaución. El reconocido economista especializado en industria manufacturera y desarrollo productivo, Leandro Mora Alfonsín, describió estos eventos como “un ajuste típico de variables para un día lunes”.
Desde el inicio de la semana, los pequeños comercios de proximidad han alertado sobre la escasez de ciertos productos en los mayoristas, así como la llegada de listas con incrementos superiores al 20%. Grandes cadenas de supermercados también se han visto afectadas por aumentos de dos dígitos en los precios, incluso optando por rechazar ciertos productos. En este contexto, el Gobierno decidió delegar la tarea de negociar los precios a una unidad encabezada por Guillermo Michel, titular de la Aduana, y conformada también por Matías Tombolini, secretario de Comercio, y Gabriel Rubinstein, secretario de Política Económica. Estos funcionarios mantuvieron reuniones exhaustivas con empresas que influyen en la canasta básica y con las cadenas de retail.
Con el objetivo de estabilizar la situación, el equipo liderado por Sergio Massa propuso un tope mensual del 5% en los incrementos para el programa Precios Justos. Esta medida abarca prácticamente todos los productos comercializados por las grandes compañías de alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza en los supermercados más grandes. Sin embargo, en los pequeños comercios de proximidad, la presencia de este programa oficial es limitada.
Las empresas participantes argumentaron que, para compensar los crecientes costos, los incrementos necesitaban ser al menos del 9% mensual. Aunque el Gobierno no cedió en este punto, ofreció incentivos en forma de reducciones fiscales enfocadas en el impuesto a la importación de ciertos insumos. Además, se anunciaron mejoras en la agilidad para acceder al mercado oficial de cambios para aquellos que se adhieran al programa.
Tras intensas negociaciones, la ASU emitió un comunicado confirmando que “están llegando las nuevas listas en el marco del acuerdo con el Gobierno”, asegurando que retomarán sus actividades normales en línea con dicho acuerdo. A medida que el mes llega a su fin, el programa Precios Justos podría jugar un papel crucial en la contención de la inflación de agosto, la cual se espera que sea notablemente superior a la de julio. Mientras tanto, después de 12 días consecutivos de aumentos, el dólar blue registró un cierre a la baja. Queda por ver, entre los expertos económicos, si este proceso de ajuste de variables desencadenado por los resultados electorales y la posterior devaluación ha llegado a su fin o si aún se presentan desafíos en el horizonte.
