La reforma parcial de la Constitución provincial de Jujuy estuvo en el centro de una creciente controversia desde su aprobación. Desde entonces, el gobierno de Gerardo Morales enfrentó demandas, denuncias, disturbios y una oposición variada. Hoy, a esta lista de manifestaciones de desacuerdo, se suma un nuevo episodio: la Corte Suprema de Justicia de la Nación exige al Ejecutivo jujeño una respuesta en un plazo de 60 días a una acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina.
La demanda del Estado Nacional se dirige a cuestionar la constitucionalidad de la reforma que, según ellos, generó un “caos institucional”. Alegan que la reforma de la Constitución provincial introdujo cambios y modificaciones en varios artículos que violan derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales firmados por Argentina.
El origen de esta acción se encuentra en una solicitud del ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien en junio de este año solicitó a la Corte Suprema que declarara la inconstitucionalidad de los artículos introducidos o modificados por la iniciativa de Gerardo Morales y aprobada por la Legislatura de Jujuy.
La Corte, en su decisión, señala que hubo manipulación de los plazos de la convención constituyente y que el gobernador de Jujuy cumplió dos roles simultáneos: presidir la provincia y ser parte de la convención. La respuesta del gobierno jujeño a esta acción declarativa de inconstitucionalidad tendrá un impacto significativo en el curso de esta controversia que capturó la atención de todo el país.
