Miembros del Comité Ejecutivo de Emergencia (COE) de Jujuy, una diputada y un funcionario del gobierno provincial quedaron expuestos en numerosas fotos durante un agasajo al personal del hospital de campaña en Alto Padilla.
El almuerzo con asado y empanadas ocurrió el último sábado al mediodía, en el predio de la Ciudad Cultural, en clara violación al aislamiento por el coronavirus Covid-19.
Allí estuvieron los principales referentes del COE, también habría sido parte del almuerzo la diputada nacional Gabriela Burgos y el secretario de Gobierno Diego Rotela, indica el portal Jujuy Dice. Sucede que el artículo 3 del decreto 696, firmado el pasado 12 de marzo, dispuso la prohibición por un plazo de 60 días “todas las actividades y actos públicos o privados, de carácter cultural, deportivo, religioso o recreativo, en la forma, modalidades y con excepciones, que establezca el Plan General de Previsión, Prevención y Promoción que definirá el Comité Operativo de Emergencia COVID 19, para garantizar que se evite la propagación de la pandemia mencionada”.
Es decir, que el COE de Jujuy violó sus propias normas, dado que la reunión no está dentro de las excepcionalidades ante el aislamiento por el coronavirus Covid-19.
De acuerdo con lo que recuerda el portal, “dentro del mismo decreto provincial, se establece que las resoluciones determinadas por el COE son de ‘obligatorio cumplimient’ (art. 8); por lo tanto, sus propios funcionarios están sometidos a la normativa”.
“Un ejemplo de ello, se dio cuando días atrás, luego de viajar a Buenos Aires para reunirse con el gabinete nacional, fue el propio gobernador Gerardo Morales quien debió cumplir con la realización del test para descartar un posible contagio del virus, medida que incluyó la realización de la cuarentena -hasta que se confirmó el resultado negativo- en un hotel capitalino”, apunta el medio y agrega: “De esta manera, mientras que el gobierno provincial impone la medida de restricción al común de la población, a la que vigila con celo, hecho que no se cuestiona, los propios funcionarios de la gestión Morales hacen caso omiso de la normativa”.
