Un escándalo desató una investigación periodística en Salta. Al menos 50 funcionarios del interior solicitaron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un beneficio destinado a las personas que están en situación de vulnerabilidad ante la pandemia del coronavirus Covid-19.
El encargado fue el periodista Alexis Miranda, quien demostró que son decenas de concejales pertenecientes a distintos municipios del interior de la provincia, sin distinción de los partidos políticos.
¿Cómo logró esta información? Miranda realizó un cruce de datos entre los números de documentos de los beneficiarios y el registro de Anses, dando a conocer la información en FM Noticias.
“Muchos de los sueldos de los ediles no están registrados y, por lo tanto, los sistemas de AFIP y Anses no detectaron irregularidades al momento de aprobar la ayuda”, indica el diario El Tribuno de Salta.
Rápidamente la información se difundió en redes sociales y generó indignación de la población. Algunos de los concejales admitieron que gestionaron la ayuda, otros dijeron que lo hicieron para un tercero y otros aseguraron que no existió tal solicitud e iniciarán acciones legales contra el periodista.
El dato llegó a oídos de la la fiscal Verónica Simesen de Bielke quien, tras iniciar una investigación, radicó una denuncia de oficio por fraude a la administración pública, ante el Juzgado de Garantías Nº 4 a cargo de Diego Nicolás Rodríguez Pipino.
Los funcionarios públicos no pueden acceder a este beneficio y como se ve Cari no fue el único. La mayoría son concejales, pero en la lista también figura un diputado y el intendente de El Quebrachal, en el departamento de Anta.
