El Gobierno nacional anunció la derogación de 69 normas que limitaban la fijación de precios en las entidades educativas privadas de todos los niveles. Esta medida, parte de una política de liberación de precios impulsada por el gobierno de Javier Milei, permite a las escuelas y universidades privadas establecer libremente los aranceles mensuales sin límites ni controles estatales.
Una de las normativas derogadas, en vigor desde 2019, requería que los colegios privados informaran sus estructuras de costos a la Secretaría de Comercio, quien evaluaba y aprobaba los aumentos. Esta regulación fue vista como una restricción a las relaciones comerciales entre ciudadanos y como una intervención excesiva del Estado en el sector educativo.
La medida llega en un momento crucial, a pocas semanas de que los colegios secundarios reciban a alumnos que adeudan materias de ciclos anteriores y cerca del inicio del nuevo año escolar. Esto plantea preocupaciones entre los padres, quienes ahora se ven enfrentados a la posibilidad de aumentos significativos en los aranceles sin la opción de buscar alternativas en otros colegios o en la escuela pública.
La decisión de liberar los precios en el ámbito educativo sigue un precedente reciente en la medicina prepaga, donde las empresas implementaron aumentos de hasta un 80% en apenas dos meses. Esta situación plantea desafíos adicionales para las familias que ya inscribieron a sus hijos en instituciones privadas el año pasado, quedando sujetas a los aumentos que se dispongan sin posibilidad de cambio.
La eliminación de estos controles estatales busca promover la autonomía de las instituciones educativas y permitirles adaptarse libremente a las condiciones del mercado, aunque plantea interrogantes sobre el acceso a la educación para aquellos cuyos recursos económicos se vean comprometidos por los aumentos.
