La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó, con base en información detallada proporcionada por participantes en las reuniones de transición del Poder Ejecutivo, que la gestión entrante contempla un fuerte recorte en la planta de personal de varios ministerios y organismos. Este recorte se dirigiría especialmente a trabajadores contratados y sin estabilidad, con la intención de llevar a cabo despidos masivos.

Ante esta situación, ATE insta a los Consejos Directivos de la Capital Federal y todas las provincias a realizar plenarios y asambleas para evaluar destinadas a resguardar los puestos de trabajo y evitar la desjerarquización de funciones. El Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, subrayó que la “paz social la tienen que garantizar los gobiernos con sus políticas, no los trabajadores”, y que estos últimos tienen el derecho de actuar en legítima defensa si sienten que están en peligro.

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La conducción nacional de ATE decidió implementar medidas de fuerza sectoriales y preventivas, comenzando con un paro de 72 horas en el SENASA en las próximas horas. Esta decisión podría tener repercusiones significativas, ya que un paro en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria podría paralizar las exportaciones al detener los controles en puertos, aeropuertos, pasos de frontera y aduanas. Además, se levantarán las barreras de control zoofitosanitarios en diversas regiones del país, poniendo en riesgo el status sanitario argentino.

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La información surge de reuniones de ATE con trabajadores que participaron en los intercambios entre las gestiones saliente y entrante. La gestión entrante busca de manera exhaustiva a trabajadores recientes y sin estabilidad, sin importar su antigüedad. Se estima que más de 64,000 se encuentran en situación precaria y desprotegidos debido al incumplimiento del Gobierno actual con el de Regularización del Público firmado en 2021.

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Rodolfo Aguiar concluyó advirtiendo que “la variable de ajuste serán los trabajadores” y llamó a prepararse para enfrentar un periodo en el que intentarán “quitarnos todos nuestros derechos”. La incertidumbre y la amenaza de despidos masivos generan preocupación en el sector estatal, que busca estrategias para proteger los empleos y los derechos de los trabajadores, detalló el portal infogremiales.

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