El Ejecutivo Nacional implementó una nueva medida a través de la resolución 918/2024, publicada en el Boletín Oficial este lunes. La disposición afecta a ciertos beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), estableciendo la suspensión de pagos para aquellos que no cumplan con requisitos específicos.

La normativa establece que ANSES interrumpirá el pago de prestaciones y asignaciones a individuos que permanezcan fuera del territorio argentino por más de 90 días consecutivos. Esta decisión, firmada por Mariano de los Heros, titular de ANSES, tiene como objetivo supervisar las prestaciones no contributivas y las asignaciones administradas por el organismo, específicamente aquellas que requieren residencia en el país para su obtención o percepción.

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La suspensión de la prestación correspondiente se aplicará cuando se detecte que el beneficiario se ausentó del país por un período superior a 90 días corridos. ANSES obtendrá esta información de sus propias bases de datos y de la proporcionada por la Dirección Nacional de Migraciones, en el marco de acuerdos vigentes entre ambas entidades.

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El artículo tercero de la resolución indica que la prestación podrá reactivarse cuando el titular solicite su activación y demuestre de manera fehaciente que reside nuevamente en Argentina. No obstante, esta restitución solo aplicará a las prestaciones cuyo incumplimiento no implique la pérdida total del derecho. En casos donde el incumplimiento resulte en la pérdida completa del beneficio, este será dado de baja de forma permanente.

El Gobierno de Milei suspenderá miles de pensiones

El gobierno de Milei tomó la determinación de cancelar más de 120.000 pensiones tras una revisión exhaustiva realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esta acción se produjo después de que se identificaron diversas irregularidades en el proceso de asignación de estos beneficios.

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La medida impactará principalmente a los receptores de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Estos subsidios se otorgan a individuos que, debido a su estado de salud y situación socioeconómica vulnerable, no pueden desempeñar actividades laborales.

La auditoría llevada a cabo en la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS reveló anomalías significativas en la concesión de estas prestaciones. Como resultado, un número considerable de personas dejará de percibir este apoyo económico.

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