La cadena de electrodomésticos, con fuerte presencia en el interior, busca acogerse a los beneficios de esa ley, en un contexto de fuerte caída del consumo. En el primer trimestre, la empresa registró una pérdida integral de $ 683,63 millones. Asegura que, en principio, no prevé despidos ni cierre de sucursales

La fuerte retracción del consumo en general y de electrodomésticos en particular está afectando cada vez más a las grandes cadenas de venta de este tipo de artículos que han comenzado a despedir personal y reducir la cantidad de locales en todo el país.

Al default de una de las sociedades dueña de Musimundo, el proceso de cierre de algunas sucursales iniciado por Frávega y Garbarino ahora se suma la crisis de Ribeiro.

La cadena tiene importante presencia en varias localidades del interior como La Rioja y se dedica a la comercialización y financiación de artículos del hogar, electrodomésticos, bazar, electrónica, muebles, telefonía, juguetes, autos, artículos de camping y jardín entre otros.

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Fue fundada en 1910 en la localidad de Villa Mercedes, San Luis, donde comenzó sus actividades comerciales en 1910 pero recién en 1971, con la evolución de los negocios, tomó la organización societaria que tiene hoy en día.

Con 85 sucursales que operan bajo la marca «Minicuotas Ribeiro», esta cobertura geográfica le permite mantener operaciones en 18 provincias, incluida La Rioja, y en la Ciudad de Buenos Aires.

Su core business actual también incluye una estrategia de financiación para sus clientes, lo que en años anteriores le permitió capitalizar el crecimiento del consumo y abrir, a partir de fines del 2006, el negocio de créditos personales en efectivo.

Sin embargo, el cambio de escenario macroeconómico la fue llevando hacia una situación complicada desde lo comercial y financiero, al punto que acaba de solicitar al Gobierno Nacional la apertura de un procedimiento preventivo de crisis.

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Sus ejecutivos acudieron ante las autoridades del Ministerio de Producción y Trabajo para encauzar el pedido que, de ser otorgado, le permitirá aplicar la totalidad o parte de lo establecido en el Decreto Nacional 328/88. La norma fija los recaudos que deben implementar las empresas para disponer suspensiones, reducciones horarias y despidos de personal por causas económicas ajenas a sus actividades o falta o disminución de trabajo.

En ese marco, la compañía inició ante la Secretaría de Trabajo de la Nación el proceso de reducción de su estructura comercial actual. En su pedido las autoridades, Ribeiro argumenta estar sufriendo «circunstancias ajenas a la voluntad de la sociedad» y agrega que las medidas que busca adoptar tienen el objetivo de «adecuar y reestructurar las diferentes estructuras internas de la empresa de manera racional, ordenada y planificada».

En la carta también asegura que busca optimizar los recursos y reducir los costos «con el objeto de mitigar los efectos que este produce en la sociedad en los tiempos que atraviesa nuestro país en la actualidad».

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En su último balance correspondiente al primer trimestre de este año, la sociedad ya anticipaba la sensible situación por la que atraviesa e informaba pérdidas por $7145 millones contra un rojo menor de $59 millones registrado entre enero y marzo del 2018.

En el informe enviado a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la cadena sostenía que el resultado negativo se debió a las condiciones económicas negativas imperantes en el mercado, que ya habían afectado también sus balances de finalizados el 30 de junio del 2017 y 2018.

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