En el marco de una causa llevada adelante por la Justicia Federal sobre el intento de fraude con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), ocho funcionaros públicos de distintas localidades de la provincia de Jujuy han sido imputados. Un hecho fue consumado y siete en grado de tentativa.

La investigación se encuentra a cargo del fiscal federal Federico Zurueta, del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Jujuy. Cabe aclarar que, para recibir el IFE, había que reunir una serie de condiciones. Entre ellos, no tener un trabajo con relación de dependencia, ya sea en el sector público o privado.

El beneficio se había implementado con el fin de paliar la situación económica de los sectores más vulnerables de la sociedad, en el contexto de la pandemia del coronavirus y obviamente, los acusados no estaban en esa situación y habrían tratado de engañar a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) o influir de alguna manera para recibir ilegalmente los $ 10.000 que se depositaban en un promedio de cada mes y medio.

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La ejecución del fraude se inició con la solicitud del beneficio en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a quien le hicieron incurrir en error para obtener un tratamiento que no les correspondía”, señaló el fiscal.

La pesquisa comenzó en julio del 2020 a raíz de la información difundida en varios medios periodísticos locales respecto a la posible defraudación, en perjuicio del Estado Nacional.

El primer caso que abordó el fiscal, fue Diego Agustín Mayaregua, concejal de la localidad de Caimancito, quien actualmente preside el Concejo Deliberante. En este caso, el imputado “solicitó el beneficio el 27 de marzo de 2020 y seleccionó como medio de pago transferencia bancaria”, precisó el fiscal.

Como resultado del trámite realizado, Mayaregua “percibió el beneficio en dos ocasiones, ya que el informe de la entidad bancaria elegida reportó dos operaciones de ANSES (IFE) por un valor de 10 mil pesos cada una”. Asimismo, mediante otras medidas de prueba se confirmó que el concejal fue “beneficiario de IFE” en los períodos de julio y agosto del 2020.

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Por su parte, él asegura que “alguien cargó sus datos al sistema” y que no tuvo nada que ver con el incidente.

Por otra parte, el fiscal imputó a los concejales Rodrigo Nicolás Martínez, de Pampa Blanca; Mariana Viviana Cazón, de Santa Clara; Carla Yamila Nieto, de Calilegua; Blas Mariano Nicolás Videla, de Caimancito; y Gonzalo Javier Farfán, de El Aguilar, por los mismos delitos, pero en grado de tentativa.

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La misma calificación recayó sobre Juan Francisco Cruz, vocal y presidente de la Comisión de Catúa y Juan Sabino Borja, vocal de Yavi. En estos casos, el fiscal explicó que, de acuerdo a la investigación realizada hasta el momento, se pudo establecer que los acusados efectuaron la solicitud de cobro del IFE.

Reveló las fechas y otros detalles de los trámites realizados por los imputados, quienes no llegaron a percibir el beneficio ya que el organismo a cargo del otorgamiento del subsidio rechazó las respectivas solicitudes por distintos motivos, entre ellos el hecho de que la mayoría de ellos aparecía como beneficiarios de otros planes sociales.

  Las defensas, por su parte, intentaron cuestionar la acusación, no obstante los argumentos esgrimidos no fueron tenidos en cuenta por el juez, quien dio por formalizada la imputación, y ordenó la aplicación de las reglas de conducta y el embargo solicitado.  

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