En la Fiscalía Federal Nº 2 se radicó una denuncia por “presunto fraude a la administración pública” tras ciertas irregularidades en la gestión o percepción del IFE. Las penas para este tipo de delitos, oscilan entre los 2 y 6 años de prisión.
Diego Agustín Mayaregua, concejal de Caimancito y Santiago Ezequiel Maidana, de Huacalera, resultaron beneficiarios del IFE. Ambos hicieron sus descargos, desligándose del trámite para acceder a este beneficio.
Además, otro grupo de funcionarios fue rechazado por parte de Anses para recibir este pago de $10.000. Sin embargo, adelantaron que esta investigación por parte de la Justicia Federal va más allá y se realizaría el cruce de datos no solamente con funcionarios electos por la gente, sino con aquellos que son nombrados por las diferentes autoridades en cada uno de los estamentos del gobierno.
Según publicó El Triuno la presentación fue realizada por José María Albizo Cazón, referente del ARI Jujuy, quien busca “abrir una causa que investigue a políticos por la presunta comisión del delito de fraude a la administración pública, tras conocerse podrían haber existido irregularidades en el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (I.F.E.), que debía ser destinado a sectores populares vulnerables. “El delito no es ni radical, ni peronista, es delito”, sentenció.
Todo surge a raíz de las denuncias realizadas en la vecina provincia de Salta, que terminó salpicando a nuestra provincia y a diferentes funcionarios locales.
