El proceso de auditorías sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL) continúa en todo el país. En Jujuy, de un total cercano a 23 mil beneficiarios, actualmente más de 4.500 pensiones están suspendidas, mientras que otras fueron dadas de baja por diferentes causas.
Suspensiones y bajas confirmadas
De acuerdo a lo informado por la secretaria de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Humano, Belén Goyena, cerca de 4.500 pensiones quedaron suspendidas, más de 180 fueron dadas de baja por fallecimiento del titular y aproximadamente 200 se cancelaron porque no correspondía o porque los propios beneficiarios renunciaron al beneficio.
Oficinas móviles para asesoramiento
Con el propósito de evitar la pérdida de derechos y asistir a los beneficiarios, el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, habilitó oficinas móviles de asesoramiento en distintas localidades. Esta semana atenderán el miércoles en Maimará y el viernes en La Mendieta. La próxima semana los operativos llegarán a San Pedro, Purmamarca y La Intermedia.
La referente Claudia Choque explicó que la atención está dirigida a todas las personas con pensiones no contributivas, hayan recibido o no una carta documento.
En cada operativo se detalla qué documentación deben presentar y cómo realizar el trámite de revisión para conservar el beneficio.
Notificaciones con irregularidades
Aunque la medida nacional estaba destinada a personas mayores de 18 años, se detectaron casos de menores notificados y también situaciones en las que se enviaron citaciones a domicilios inexistentes.
“Si recibieron una carta documento con datos incorrectos o fueron notificados de manera irregular, pueden acercarse a las oficinas móviles, a ANSES o a la oficina de ANDIS más cercana para asesorarse y cargar la documentación necesaria”, señaló Choque.
Dificultades en el interior profundo
Uno de los principales problemas mencionados por el Ministerio de Desarrollo Humano es la falta de acceso a la notificación en zonas rurales alejadas. Según indicó Goyena, “en el interior profundo muchas personas no se enteraron de que fueron auditadas, pero el Gobierno Nacional las da por notificadas con solo emitir la carta documento”, lo que pone en riesgo el beneficio sin darles la posibilidad de presentar sus papeles.
En este escenario, la funcionaria recalcó que los operativos de asesoramiento fueron implementados para acompañar y asistir a los beneficiarios, con el objetivo de que nadie pierda la pensión por desconocimiento o falta de recursos para gestionar el trámite.
