A pesar de la resistencia de clientes y la Cámara de Expendedores, y de las preocupaciones sobre la situación del sector, la tasa por carga de combustibles líquidos y gaseosos en San Salvador de Jujuy se extenderá a otros municipios de la provincia. La medida, que generó controversia e incertidumbre sobre su implementación, parece inevitable.
Julio Bravo, el intendente de San Pedro de Jujuy, anunció que la aplicación del tributo es inminente en su ciudad. “Los más avanzados somos Capital, San Pedro y Yala”, afirmó Bravo, señalando que a finales de la semana notificarán a las petroleras proveedoras de estaciones de servicio locales para empezar a aplicar la tasa en 15 días.
Bravo también comentó que no han encontrado resistencia por parte de la Cámara de Expendedores, que comprende la difícil situación financiera que enfrentan los municipios. “Todos aplicaremos la tasa vial en idéntico porcentaje”, agregó, refiriéndose a Perico, Monterrico, El Carmen, Pampa Blanca, Puesto Viejo, Yala, Tilcara, Humahuaca, La Quiaca, Fraile Pintado, Libertador General San Martín y Caimancito.
El intendente Bravo estimó que la tasa vial permitirá recaudar $20,000,000 por mes. Sin embargo, advirtió a la población sobre las expectativas respecto a esta recaudación. “No hay que generar demasiadas expectativas porque los montos que obtendremos, en comparación con lo que sale asfaltar o pavimentar una cuadra en cualquier localidad de la provincia, es muy caro”, expresó.
Bravo explicó que pavimentar una cuadra en San Pedro de Jujuy, utilizando personal y maquinaria de la municipalidad y hormigón elaborado, cuesta aproximadamente $20,000,000. Esto refleja la gran inversión necesaria para mejorar la infraestructura vial, comparada con los ingresos esperados de la nueva tasa.
La implementación de la tasa vial, a pesar de su controversia, es vista como una medida necesaria para recaudar fondos que permitan mejorar la infraestructura en varios municipios de Jujuy. La situación subraya la complejidad de equilibrar las necesidades financieras de los gobiernos locales con las preocupaciones de los ciudadanos y empresarios afectados.
