La crisis económica que azota a nuestro país, profundizada por la pandemia de coronavirus, condujo a millones de personas a solicitar ayuda del Estado. En ese contexto, el Gobierno decidió lanzar un paquete de medidas para atender la emergencia social de la cuarentena. Uno de ellos comprende al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un bono de $10.000 que, al día de hoy, gozan 8,5 millones de beneficiarios. Del balance total, se registró que son 5 millones los argentinos sin salario, sin jubilación y sin ningún plan social.
En ese sentido, y por la incertidumbre que genera la pandemia, el Gobierno analiza manetener el cobro del bono para los sectores más vulnerables después de la pandemia. “Va a continuar hasta que sea necesario que continúe”, dicen ahora desde Nación.
Desde la Anses, el organismo que tendrá “las herramientas para evaluar y ejecutar” la continuidad de ese programa, aclaran que aún está en estudio qué formato tendrá la medida y cual será su alcance. Incluso, evalúan un cambio de nombre, orientado al “ingreso familiar universal” y en sintonía con el plan social de la Asignación Universal por Hijo, recordemos que en España se aplicó una medida similar con el llamado Ingreso Mínimo Vital.
El último jueves se firmó el decreto del IFE 2 -el pago correspondiente a mayo- que estuvo precedido por un detalle político: el que lo anunció, vía Twitter, fue el ministro de Economía, Martín Guzmán. El anuncio había sido planeado el sábado pasado, tras una charla con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
La continuidad de la medida cuenta con el aval del Ministerio de Economía, un programa que significó un aporte de 89 mil millones de pesos. La cifra podría, incluso, crecer para la segunda cuota del IFE, que comienza a pagarse este lunes.
El 55,2% de los beneficiarios del IFE viven en el área metropolitana, según un informe de la Secretaría de Política Económica de la cartera que conduce Guzmán.
El volumen que tiene el IFE, el programa social de mayor alcance de la historia argentina, se explica porque “mostró a sectores vulnerables que existían” pero, además, alcanzó a los sectores que más golpeó la crisis sanitaria, sobre todo a cuentapropistas e informales, dijo Mercedes D’Alessandro, directora Nacional de Economía, Igualdad y Género, en declaraciones a radio Del Plata.
Una de las medidas que tomó el Gobierno, a través del Banco Central, fue disponer la obligatoriedad de que los bancos abran cuentas para los beneficiarios, como un recurso para agilizar el pago.